También, casi desde el primer momento, se levantó un movimiento ciudadano para defender el medio ambiente y la calidad de vida. Destacaron, en particular, los vecinos del barrio de San Juan o Güímar de Arriba, encabezados por el entonces presidente de la asociación de vecinos del barrio, el Sr. Saturnino García (cuyo nombre, en su memoria, preside hoy nuestra Asociación para la Defensa de los Barrancos).

La situación, poco a poco, se fue tornando insoportable: “expropiaciones” a los agricultores colindantes con las extracciones, por las buenas o por las malas, basadas en una aplicación perversa o la no aplicación de la legislación estatal de Minas; nubes de fino polvo que arruinaban las cosechas, el polvo casi constante también provocó graves afecciones a la respiración y a la salud general de muchas personas, en particular ancianas y a los niños más pequeños; los camiones transitando por el centro de Güímar desde muy tempranas horas de la mañana, ocasionaban ruidos muy molestos, y su pesada carga contribuían al destrozo del pavimento.

El resultado final de esta actividad desproporcionada y con el único fin del lucro —sin contemplar ni una sola norma de la buena práctica de la minería, aunque no sea muy conocido por quienes transitan a toda velocidad hacia el sur de la isla por la autopista— no es otro que lo que ya ha sido calificado como la mayor devastación paisajística de Canarias. Decimos poco conocida porque, a pesar de la profundidad y lo espectacular de los seis “cráteres” principales, resultan muy poco visibles si no nos acercamos hasta su borde.

La paciencia colmó su límite justo hace 17 años, en pleno cambio de siglo: el vecindario de Güímar, organizado en piquetes cívicos pero muy firmes, se encadenó a la entrada de las areneras, impidiendo la salida de los camiones. Se celebraron asambleas multitudinarias, algunas hasta altas horas de la madrugada, donde en presencia de los representantes del Ayuntamiento y el Cabildo se acordó corregir esta situación insoportable. Pero los vecinos de Güímar fuimos engañados o cometimos un error: nos hicieron creer que se podía ordenar la actividad extractiva, compatibilizándola con la reconstrucción del cauce del barranco de Badajoz (completamente desdibujado, con todo el peligro que eso entraña) y con la restauración del paisaje. Y que las extracciones se harían con todas las condiciones que manda la ley, limitando los graves efectos que veníamos sufriendo. Nada de eso se cumplió: los siguientes años, los siete primeros del presente siglo, coincidieron con el mayor boom de la construcción de nuestra historia; el 90% de los áridos con los que se fabricó y cubrió de cemento muchas zonas de Tenerife siguieron saliendo de nuestros devastados barrancos, y como siempre a la chamberga.

Hubo entonces que recurrir a la vía judicial, que ante el flagrante incumplimiento de la legalidad se ordenó el cierre, una por una, de las explotaciones mineras. Mientras este proceso se verificaba, a finales de 2007 un grupo importante de vecinos, agricultores y pequeños propietarios de la zona de los barrancos decidimos organizarnos de nuevo y reactivar esta Asociación. Impulsando desde entonces un proceso activo hasta el día de hoy, en diálogo con el Ayuntamiento y con todas las fuerzas políticas de Güímar. En 2008, en una histórica Asamblea celebrada en la Casa de la Cultura, los y las güimareras volvieron a decir NO y se logró paralizar un nuevo Plan Parcial del Cabildo de Tenerife para reactivar las extracciones. Desde entonces no hemos parado de movernos, organizando actos informativos, explicando barrio a barrio, en las Asociaciones de vecinos, como iba el proceso; y, sobre todo, reclamando ante las instituciones (Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, Subdelegación del Gobierno…) soluciones para los Barrancos y promoviendo el diálogo para hacerlas realidad.

Llegado a este punto nos preguntamos ¿llegó el momento de una definitiva solución para el problema de los Barrancos de Güímar? Aunque después de tantos incumplimientos nos hemos vuelto desconfiados, vemos por fin pasos positivos: En las últimas legislaturas hubo voluntad por parte del Cabildo de buscar una solución por lo que promovió un proyecto de ley o Iniciativa Legislativa Insular (I.L.I.) para enviarla al Parlamento de Canarias, por lo que se reunió a todas las partes implicadas e interesadas y se elaboró dicho proyecto y durante la legislatura pasada finalmente y por unanimidad del Pleno de la Corporación Insular se envió al Parlamento, con el fin de cambiar la calificación del suelo de los barrancos consignada en el P.I.O.T. y declarar el ámbito de los barrancos en suelo  rústico y de protección ambiental para uso agrícola y otros usos afines y descatalogarlo definitivamente como suelo minero, fundamentado en razones medioambientales. En la legislatura pasada (2011/2015) se quedó el proceso a la mitad con lo cual en esta nueva legislatura (2015/2019) el Cabildo se reafirma en su compromiso y vuelve a enviar al Parlamento de Canarias la I.L.I. por unanimidad de su Pleno, hay que reseñar  que apoyado siempre por el acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento güimarero.

Y para terminar este pequeño resumen el último acontecimiento que apoyamos y seguimos paso a paso es el juicio a los areneros y del cual ya hay sentencia firme emitida el pasado año (enero 2016). El llamado caso Áridos ya está juzgado y sentenciado, solo pendiente de un recurso de uno de los cuatro condenados, Francisco Javier del Rosario, ante el Tribunal Supremo

La sentencia del 28 de enero de 2016 recoge que los tres acusado que llegaron a un acuerdo para evitar la prisión, deben restaurar el equilibrio ecológico perturbado en el plazo de dos años.

La asociación, desde el momento de su constitución, ha estructurado su reivindicación en tres “principios irrenunciables”: la recalificación del suelo de los barrancos de minero a rústico agrícola o ambiental, de manera que no se pueda volver a autorizar ninguna cantera; la rehabilitación del suelo afectado por las extracciones y del cauce del barranco; y que el coste de la rehabilitación del suelo afectado por las extracciones sea asumido por quienes ocasionaron el daño.

Respecto a la restauración del espacio, insta a la realización de un Plan de Restauración, tras cuya aprobación los areneros ya condenados deberán cumplir el mandato judicial y restaurar, cada uno, el ámbito afectado por su actividad ilegal. Y este es el panorama actual en el cual nos encontramos.

Desde nuestra Asociación, junto con la ciudadanía de Güímar, seguiremos empujando en esa misma dirección, que destierre para siempre la actividad minera y permita que vuelva a florecer la agricultura en la que fue considerada una de las zonas agrícolas más ricas de la isla. Como dijo el gran poeta canario Pedro García Cabrera: la esperanza nos mantiene.