Izquierda Unida y Sí se puede denunciaron hoy en rueda de prensa el “giro antidemocrático” que está tomando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de que dos de los colectivos sociales que se concentran cada pleno a las puertas de la corporación fueran silenciados durante la celebración del último pleno. Silvia Barrera, de la Mesa de accesibilidad de la asociación Perenquén, fue multada por la Policía Municipal y a los miembros de la Plataforma contra las Antenas de Telefonía Móvil, Planmocan, se les impidió usar las bubucelas, tal y como hacen todos los viernes de mes. Tanto la Mesa de accesibilidad como Planmocan tienen permiso de la Delegación de Gobierno para manifestarse frente al Consistorio.

El concejal de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, recordó que los colectivos sólo tienen la obligación de “comunicarle” a la Subdelegación del Gobierno  la concentración, pero “nunca pedir permiso”. “Las administraciones no pueden dar pautas de cómo debe manifestarse la gente”, dijo Trujillo, para quien “ninguna ordenanza municipal está por encima de la Constitución”.

Trujillo se refería al argumento utilizado para sancionar a Silvia Barrera, de la Mesa de accesibilidad, a la que prohibieron poner una mesa por estar ocupando el “espacio público”. Para el concejal progresista, estos argumentos sólo buscan “recortar los derechos de la ciudadanía” por lo que exigió que se retire la multa a Silvia Barrera, se le pida excusas y se le permita manifestarse como ha venido haciéndolo  hasta ahora.

Para Pedro Arcila, concejal de Sí se puede, el equipo de gobierno (Coalición Canaria y el Partido Popular) ha iniciado un “giro antidemocrático” que es necesario denunciar. Para el concejal ecosocialista, asistimos a una “inadmisible deriva antidemocrática” que se traduce en la vía institucional en “la restricción del derecho a la información para los grupos en la oposición” y en la calle “en una dura restricción del derecho a la manifestación de los colectivos sociales”.

Tanto Izquierda Unida como Sí se puede creen que el alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) quiere “silenciar toda voz disidente”.

Para Silvia Barrera, activista social desde hace décadas, lo que sucede actualmente en el Ayuntamiento de Santa Cruz es “inconcebible”. “Han cerrado esto de tal manera, que no sale nada de información al exterior, y eso es intolerable”, dijo la también presidenta de la Asociación de vecinos Perenquén, quien anunció que volverá a ponerse con sus mesas a las puertas del Ayuntamiento. “Nos han quitado todo”-dijo refiriéndose a la crisis económica- “pero lo que no vamos a permitir es que nos quiten nuestro derecho a reunirnos y manifestarnos”, dijo.

Manuel Díaz, de Planmocan, explicó que si el colectivo, formado en su mayoría por gente de la tercera edad, se manifiesta cada último viernes de mes fuera del Ayuntamiento coincidiendo con el pleno es porque “no tenemos otra forma de hacernos oír”. Explicó que todavía esperan el estudio de impacto de las antenas prometido por el Ayuntamiento. “Hace tres meses nos dijeron que estaban trabajando en ello, pero todavía no hemos recibido noticias”.

“Nos están tapando la boca”, dijo Manuel Díaz, que calificó de “cínica” la actitud del equipo de gobierno. “Si la única forma de hacernos oír es tocando los pitos, qué otra cosa nos queda”, dijo el representante de Planmocan.