Izquierda Unida y Sí se puede pedirán este viernes a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz que exijan un proceso abierto y participativo para debatir la Ley del Suelo de Canarias, que acaba de ser enviada al Parlamento de Canarias para ser aprobada sin haber sido llevada a exposición pública ni consensuada. Izquierda Unida y Sí se puede presentarán una moción preparada con la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible para frenar el trámite del texto y “exigir un debate democrático” que reúna a sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, y otros partidos políticos y profesionales de diversos sectores implicados en la conservación del territorio.

La ley del Suelo diseñada por el gobierno de Fernando Clavijo dará “barra libre” a la especulación, dijo hoy en rueda de prensa Julián Ayala, miembro de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible. El texto, como recordó el concejal de Izquierda Unida, Ramón Trujillo dejará en manos de los 88 ayuntamientos y los 7 cabildos de Canarias la ordenación del territorio, una decisión que calificó de “tan descabellada como si la Sanidad pasara a manos de 88 corporaciones y existieran 88 sistemas de salud municipales”.

Esta atomización de la norma “dará oxígeno a la corrupción”, dijo Trujillo, para quien es impensable que la comunidad autónoma renuncie a las “políticas del territorio como proyecto autonómico de región”. La Ley permitirá que los alcaldes decidan qué se construye y qué no en su municipio. El texto también recoge la caducidad de las ordenes de demolición y lo que es más grave, la desaparición de un órgano de control como la Cotmac, “verdadera bestia negra de la corrupción urbanística”, dijo Ayala, que subrayó que con este texto es “segura la desaparición de ecosistemas y la autogestión agraria de Canarias”.

Para Trujillo, con 140.000 viviendas vacías y capacidad para acoger a 5 millones más de turistas, esta ley sólo puede entenderse como un regreso de la burbuja inmobiliaria. “Se vislumbra una deslocalización del turismo con construcciones de nuevo cuño. No habrá políticas de rehabilitación de lo construido sino consumo de nuevo territorio”.

“Con esta ley estamos tocando y regulando una de las cuestiones más importantes para Canarias: el territorio”, dijo Pedro Arcila, concejal de Sí se puede, para quien el proyecto de ley “dinamita la cultura del territorio” que ha ido construyéndose en Canarias desde 1987, cuando el Pacto de progreso estableció los primeros planes insulares de ordenación.

Es un proceso involutivo que borra de un plumazo la necesidad “de una postura integradora que no se rija solo por intereses municipales”, dijo Arcila, para quien ese proceso de discusión ciudadana es “absolutamente necesario”.

Un panorama desolador que sólo se explica por la mentalidad política de Fernando Clavijo, “que siendo alcalde de La laguna actuó con enorme soberbia durante la tramitación del Plan de Ordenación del municipio”, explicó Eduardo de Armas Micas, de la Plataforma por un PGO participativo. “Clavijo no tiene una visión global de Canarias, mantiene esa mirada limitada del alcalde y con esta ley quiere imponer el mismo modelo que diseñó para La Laguna y que se ha revelado inútil y nociva”, dijo de Armas.