El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó por unanimidad el pasado viernes una moción de Izquierda Unida para instar al Gobierno de Canarias a elaborar un estudio sobre el crecimiento del alquiler vacacional en la ciudad y cómo afecta a la economía y el empleo turísticos.

El pleno acordó que el Gobierno de Canarias realizará un estudio, junto a las dos capitales canarias, para analizar los efectos de la vivienda vacacional sobre la generación de empleo y riqueza, además de en el alquiler tradicional, informa El Día. Lo avanzó el concejal de Turismo de la capital, Alfonso Cabello, a la conclusión del pleno en el que se aprobó una moción, con algunos matices, del concejal de Izquierda Unida (IUC), Ramón Trujillo, sobre este asunto.

Según explicó Cabello, el diseño metodológico del estudio será conjunto entre el observatorio de Santa Cruz y el ISTAC.

Durante la sesión plenaria, el edil de Turismo reconoció que el alquiler vacacional es «imparable», y subrayó que desde hace algún tiempo es objeto de análisis por parte del consistorio, en colaboración con la Viceconsejería de Turismo.

Mientras, Trujillo recordó que los datos oficiales, para 2016, cuantifican en 553 viviendas vacacionales y 1.891 camas. Y la oferta reglada del municipio, en 2016, es de 3.018 camas. Por lo tanto, las plazas alojativas de alquiler vacacional en Santa Cruz representan el 38,5% de la oferta reglada del municipio. «Todo apunta a que se trata de una modalidad significativa y con un potencial de crecimiento nada despreciable», añadió.

Para Izquierda Unida es importante reglar un modelo de negocio que en los últimos años ha experimentado un enorme crecimiento debido a las plataformas digitales. De hecho, entre 2010 y 2016, los turistas alojados en alquiler vacacional en Canarias aumentaron casi un 20 por ciento, cifras que obligan a valorar lo que supone el alquiler vacacional para la economía y el empleo turísticos; lo que supone para las personas particulares que obtienen una renta de tal actividad y, por último, lo que supone para los precios de los alquileres de las viviendas y, por lo tanto, cómo afecta al acceso a la vivienda.

Son datos que deben servir para regular esta nueva modalidad de explotación turística y frenar el posible impacto que pueda tener en el precio de la vivienda de alquiler y sobre los más de 14.000 solicitantes de vivienda pública registrados en el Archipiélago.

Para Izquierda Unida es “preocupante” que la consejera de Servicios Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, atribuya al alquiler vacacional el aumento de los precios de la vivienda de alquiler y de las cuantías que piden bancos y promotores al ejecutivo autónomo para venderle pisos que la Administración quiere destinar a uso social.

Uno de los casos más recientes de cómo afecta al precio de la vivienda se ha dado en la Isla de Lanzarote, donde el Gobierno de Canarias ya ha advertido que no podrá adquirir viviendas para uso social debido al incremento de los precios.

Otro de los aspectos que es necesario aclarar es el tipo de empleo que genera este modelo de explotación y regularlo para prevenir posibles efectos adversos sobre la economía turística.

De acuerdo con datos de Exceltur, por cada 100 camas dedicadas al alquiler vacacional se crean 3,7 empleos en áreas urbanas y, por cada 100 camas en establecimientos reglados, se generan 17,9 empleos. Esto quiere decir que, si en un futuro, Canarias duplica sus actuales 129.685 camas destinadas al alquiler vacacional podría generar 4.798 puestos de trabajo. Pero si esas camas se generaran en establecimientos reglados se generarían 23.213 empleos (o 34.107 si se tratara de hoteles de cuatro estrellas).

En España, cada plaza de alquiler vacacional genera un promedio de 4.932 euros anuales y cada plaza reglada 24.155 euros. Estos son algunos ejemplos de los numerosos indicadores que muestran los riesgos, para la generación de riqueza y empleo, de una proliferación descontrolada del alquiler vacacional. Obviamente, si se defiende una regulación limitativa del alcance del alquiler vacacional, por sus efectos sobre la cantidad y la calidad del empleo, también debe defenderse la necesaria mejora de las condiciones laborales en los establecimientos reglados, en particular en lo que respecta a las condiciones laborales de las camareras de piso.