José Pérez Ventura. El abogado que sentó a Zerolo en el banquillo

José Pérez Ventura (La Palma, 1975) formó junto a Antonio Espinosa (Palencia, 1963), el equipo de abogados encargado de la acusación popular en el caso de Las Teresitas. Hablamos con él una vez conocida la sentencia que pide penas de cárcel a los políticos y funcionarios implicados en uno de los mayores casos de corrupción de este país; tan gordo que pronto fue denominado “un pelotazo de libro”.

Los medios de comunicación de Tenerife empiezan a interesarse por su trabajo como abogados enfrentados durante diez años con el poder absoluto de Miguel Zerolo y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Antes no fue así. ¿Qué papel jugó la prensa tinerfeña en todo este proceso?

De la misma manera que decimos que en el Caso de Las Teresitas hubo complicidades empresariales y políticas, decimos que las hubo con los medios de comunicación. Sin necesidad de que nadie se haga el harakiri, sí creo necesario que los medios reflexionen sobre su silencio y hagan un ejercicio de autocrítica, porque durante mucho tiempo todo lo que pudimos saber fue por la prensa y algún digital de Las Palmas. Un dato que refleja esa opacidad: cuando se emite la demoledora querella de la fiscalía anticorrupción en 2006, ni un solo medio de comunicación tinerfeño la publicó y eso fue una brutal vulneración al derecho a la información de los ciudadanos. La libertad de información tiene dos vertientes: la activa, representada por los periodistas y las empresas de comunicación y su derecho a informar y la pasiva que representa la ciudadanía y su derecho a estar informada; y esas dos vertientes tienen el mismo valor. Cuando un hecho objetivo como la querella que inició este proceso no se publica en ningún medio tinerfeño tenemos que hablar de complicidades. Sólo desde ese apagón informativo y esa censura mediática fue posible que Miguel Zerolo volviera a ganar las elecciones en 2007.

¿Cómo recibieron la sentencia en Justicia y Sociedad, la asociación de juristas a la que perteneces junto a Antonio Espinosa?

Con satisfacción. Terminamos el juicio sabiendo que todo lo denunciado había quedado probado y sabíamos que el proceso nos había permitido profundizar en aspectos que en la fase de instrucción no se tocaron, como fue el de la participación en la trama de los dirigentes de Caja Canarias, Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo. La sentencia recoge todo eso y muestra con un lenguaje muy claro un relato de época y una forma profundamente corrupta de hacer política y hacer negocios en Santa Cruz. Un estilo enraizado en el poder caciquil que nos gobierna en democracia desde el 79, pero que a mi juicio hunde sus raíces en el 36, cuando se produce el golpe de Estado y es una determinada clase social la que accede al poder. La misma clase social sentada en el banquillo del caso de Las Teresitas.

Hay quien dudaba que los condenaran.

La sentencia demuestra que las cosas si no se luchan, no se consiguen. En Tenerife tenemos una mentalidad muy conservadora para creer que las cosas pueden cambiarse. Cuando Miguel Zerolo fue condenado por primera vez por el Caso García Cabrera, denunciado por Izquierda Unida y en el que ejercí la acusación, un periodista me llamó dudando de que “aquello acabara en algo”; sinceramente no me lo podía creer. El Tribunal Superior de Justicia ya lo había condenado y todavía había gente que dudaba. Hay que creer y luchar.

Antes mencionó a los dirigentes de CajaCanarias, que al final se fueron de rositas. ¿Por qué?

Porque todo lo que los relacionaba de manera directa con el caso, lo relató el empresario Amid Achi durante el juicio, no en la fase de instrucción, y por lo tanto no se podía incluir. Si Amid Achi hubiera contado todo lo que vivió como miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias cuando se concedió el crédito del pelotazo: las presiones y las coacciones que recibió y la información el préstamo de 5.600 millones de pesetas a Inversiones Las Teresitas, todavía en constitución, se concede pocos días después de que el Supremo votara la sentencia que reponía el Plan Parcial

En medio del proceso, a Justicia y Sociedad le piden 28.000 euros como fianza si quiere seguir adelante como acusación. ¿Pensaron que era el final?

Pues sí porque fue una petición inesperada, llevábamos diez años trabajando en el caso y de repente nos exigen una fianza si queremos continuar como acusación popular. Justo después de que recusáramos. Lo vimos con una manera de presionarnos para que abandonáramos, pero la gente de Santa Cruz nos apoyó y contribuyó en una financiación colectiva (crowdfunding); reunimos el dinero y permanecimos dentro del proceso.

El alcalde Bermúdez condenó la corrupción. ¿Es suficiente?

No, es postureo. Tres de sus concejales: José Carlos Acha (PP) y Dámaso Arteaga y José Alberto Díaz Estébanez (CC) estaban en el gobierno municipal de Zerolo cuando se urdió y ejecutó el pelotazo. ¿Por qué continúan ahí? Coalición Canaria está tardando en pedir perdón y eso le traerá consecuencias y pérdida de votos. La gente no tiene las tragaderas de antes y además está más informada y es más sensible a los casos de corrupción.

Entrevista publicada en el número 01 de la revista Santa Cruz decerca. Léela aquí