La Educación sigue sufriendo los recortes y cae bajo mínimos. En la cola, las Escuelas infantiles, escasas, privadas y sin regulación. El Consejo Escolar Canario (CES) advierte en su demoledor informe para el curso escolar 2015-2016 de que aumenta de manera preocupante la cifra de niños sin escolarizar de edades comprendidas entre los cero y tres años. Pocos padres pueden permitirse pagar los 300 o 400 euros que cuesta al mes uno de estos centros. Los niños se quedan en casa y pierden una etapa fundamental de su socialización y formación intelectual.

Un mes antes de las elecciones generales del pasado 20 de enero, la candidata de Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Tenerife, Ana Oramas, impartió una conferencia ante el Foro Ser Canarias. En uno de los salones del Hotel Mencey de Santa Cruz y ante numerosos empresarios, Oramas diseccionó el  programa electoral de su partido: ZEC, hecho diferencial canario, lobby canario en Madrid… y unas palabras para nuestro maltrecho sistema educativo.

Según la candidata, actualmente diputada en Madrid, para acabar con nuestra tasa de fracaso y abandono escolar era necesario elaborar planes educativos específicos para Canarias “y no aquellos planes generales hechos para la Península y que se imparten en las Islas también”. Oramas defendió una «educación absolutamente bilingüe”, ya no a los 8 o 9 años sino “desde los primeros cursos de infantil”.

Pasada ya la resaca postelectoral, con los números en la mano y un año después de que Fernando Clavijo asumiera la presidencia del Gobierno de Canarias, nada de lo que dijo Oramas parece haberse cumplido. Es más, el Consejo Escolar Canario, en su informe anual sobre la Planificación del Curso Escolar tira a dar: el Gobierno ha incumplido su promesa de aumentar el presupuesto para Educación y será imposible apuntalar un sistema educativo que tilda como “lleno de carencias” e “inestable”.

El CEC destaca en este informe que el Ejecutivo no ha cumplido lo pactado y que los presupuestos de la Comunidad autónoma para 2016 no recogen ni los compromisos financieros adquiridos con la comunidad educativa, ni tampoco dan respuesta a sus demandas. Con estos mimbres, advierte el Consejo Escolar Canario, es imposible impulsar el Pacto por la Educación firmado en 2014. Lo cierto es que a pesar de que el presupuesto global de la Comunidad Autónoma experimentó un incremento del 5,3 por ciento, el de Educación sólo aumentó un 1 por ciento. Según apunta el CEC en su informe, este mínimo aumento hace “inviables todas aquellas propuestas de la Ley Canaria de Educación”.

Una de las peculiaridades de nuestro sistema educativo es la situación de la educación entre los cero y los tres años. Canarias tiene una particularidad que ninguna otra comunidad autónoma comparte. Si en el resto del país los gobiernos autonómicos se encargan de la escolarización y los ayuntamientos del mantenimiento de las escuelas infantiles, en las islas la situación es completamente distinta. El resultado es un caos donde cada uno hace lo que quiere.

Los niños canarios de cero a tres años, en el limbo del sistema educativo

En Canarias, la pelota de las escuelas infantiles cayó en el techo de los ayuntamientos en 2010 con la desaparición de la Ley Orgánica de Educación, que incorporaba por primera vez la escolarización de cero a tres años. El Ejecutivo se desentendió y las corporaciones tiraron para adelante con la gestión de los centros. El Gobierno regional no financia ni una sola de las 221 escuelas de Canarias. Aunque dependen de la Consejería de Educación, el dinero lo ponen en solitario los ayuntamientos. Hoy la situación se ha hecho insostenible y desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) anuncian un contencioso.

La alcaldesa de Telde y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Federación, Carmen Hernández, está en pie de guerra e insiste en recordarle al Ejecutivo que una de las patas de la Ley Canaria de Educación incluye la escolarización de cero a tres años como “fundamental”. Sin embargo, y a la vista del informe elaborado por el Consejo Escolar de Canarias, ni la Ley, ni el Pacto educativo parece que van a concretarse durante este año. Y las cifras de escolarización de los niños y niñas canarios siguen bajando.

El informe denuncia que “Canarias se ha quedado atrás respecto a la mayoría de las comunidades en la escolarización de cero a tres años”. Un dato que revela el documento es que ni siquiera conocemos a ciencia cierta qué alumnado está escolarizado en esa franja de edad ni en qué tipo de centro. El primer punto que tocaba el Pacto canario por la Educación firmado en 2014 para esta etapa escolar era la elaboración de un censo y un mapa que integrase todos los centros que imparten educación infantil entre esas edades. Eso no se ha hecho y ese censo no existe. Un vacío y una falta de información que a juicio de los expertos “viene a agravar aún más la distancia existente con las cifras de otras comunidades”. Para destacar el abismo entre nuestras políticas y las del resto del país, el CEC toma como ejemplo los índices de Castilla-La Mancha y el País Vasco, dos comunidades con población similar a la nuestra.

Si atendemos a esta comparación teniendo en cuenta los datos publicados en el último Informe sobre escolarización en España del Instituto Nacional de Estadística, la situación de Canarias roza la precariedad. De los 482.540 alumnos matriculados en las islas, sólo 62.995 lo están en Infantil, que comprende hasta los 6 años. En Castilla-La Mancha, de los 487.853 alumnos matriculados en su sistema educativo, 87.659 pertenecen a estos grados de Infantil y en el País Vasco, con 521.517 alumnos matriculados, la cifra de niñas y niños insertados en el sistema educativo se dispara hasta alcanzar los 96.713.

Canarias: 3.916 niños matriculados. País Vasco: 33.189

Las diferencias son aún mayores al confrontar las cifras en el tramo de edad de cero a tres años. En Canarias tenemos dentro del sistema educativo a menos de 4.000 niños de esta franja edad. Son exactamente 3.916. En Castilla-La Mancha son 20.390 pequeños escolarizados y en el País Vasco, con una política de obligatoriedad de la Educación Infantil, 33.189 niños y niñas menores de 3 años matriculados.

La situación en las islas es bastante irregular. Cada ayuntamiento practica las políticas que considera oportunas. No existen normas. Ni siquiera existe el mapa de la educación infantil que demandan los especialistas. La gratuidad del servicio depende de lo que decida cada corporación, el número de plazas también. Estamos muy lejos de la “plena escolarización” que se exige en el Pacto canario por la Educación. A decir verdad, estamos muy lejos de cualquiera de los puntos que plantea el pacto.

Tres ciudades, tres modelos

Mientras el Gobierno de Canarias hace oídos sordos a quienes exigen que introduzca de una vez las escuelas infantiles en el sistema educativo reglado, los ayuntamientos organizan sus propias políticas municipales en solitario. Los casos de las ciudades de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna demuestran con claridad la falta de un modelo coherente para Canarias.

En el caso de Las Palmas, el Ayuntamiento ha creado una red de centros municipales con once escuelas infantiles y 1.251 plazas, de las que casi la mitad son gratuitas. Las demás se ajustan a la situación familiar y los precios oscilan entre los 30 y los 200€, informa en su página web. Este año quedó una lista de espera de 254 niños. El modelo fue desarrollado por el alcalde Juan José Cardona, del Partido Popular, que llegó a destinar seis millones de euros de los presupuestos a las escuelas infantiles y defendía la gestión municipal de estos centros si el Gobierno de Canarias no la asumía.

Frente al caso de Las Palmas, el de los dos municipios más importantes de Tenerife: La Laguna y Santa Cruz, ambos gobernados durante años por Coalición Canaria, y aquí es donde las palabras de Ana Oramas en el Foro Ser Canarias sobre educación infantil y bilingüismo se transforman en humo. La Laguna tiene únicamente cuatro centros de estas características y Santa Cruz, la capital de la provincia, con 203.811 habitantes, tiene dos. Dos escuelas infantiles con 122 plazas para una población de 8.152 niños de cero a tres años de edad, según datos del censo de 2014.

La información sobre la población infantil y los servicios con que cuentan los padres y madres es muy escasa. Sin ese mapa de centros regulados que exigen los profesionales, la única manera de saber cuántas escuelas infantiles hay en la ciudad es haciendo una búsqueda en las páginas amarillas y Google. Según estas fuentes, hay 26 centros privados, aunque la Fecam ya advirtió de que las cifras que maneja el Gobierno de Canarias: 221 escuelas infantiles en las 7 islas, han variado porque muchas de ellas han cerrado a causa de la crisis.

Aún así las cuentas no sale: 26 centros privados y dos públicos no cubren una demanda de más de ocho mil niños. El desfase entre oferta y demanda es lo que engorda las cifras de absentismo escolar que denuncia en su informe el CEC. La mayoría de niños y niñas de Santa Cruz pasa sus primeros años de vida en casa, al cuidado de los abuelos o de padres y madres que no encuentran plazas para escolarizarlos, no pueden permitirse los precios de un centro privado o no entraron en las listas de admitidos de las dos escuelas municipales de la ciudad.

El equipo de Gobierno en el ayuntamiento, Coalición Canaria y Partido Popular, ha tenido que abordar este año la política municipal con las escuelas. Primero porque el absentismo del Ejecutivo obligó a la corporación a asumir su gestión y después porque Izquierda Unida y Sí se puede han presentado distintas mociones para ir ampliando y ajustando la ordenanza a las demandas de las familias de la ciudad. Pero lo cierto es  que CC y PP han ido llevando al Pleno continuos recortes hasta hacerla cada vez más restrictiva. Su último movimiento para frenar la oposición de la izquierda: instar al Gobierno a crear nuevos centros. O lo que es lo mismo: evitar un problema doméstico apelando a un responsable superior. La pelota en el tejado del otro.

El Ayuntamiento de Santa Cruz y el modelo asistencial con sus dos únicas escuelas

Santa Cruz tiene dos escuelas infantiles municipales, pero suenan en los medios como si fueran veinte. Casi todas las noticias son generadas por el propio ayuntamiento y se suceden cada vez que aparece una información negativa. Si los medios denunciaban en julio que las guarderías municipales dejaron fuera a más de la mitad de las familias que solicitaron plaza (250 y sólo la obtuvieron 125), dos meses más tarde la corporación anunciaba que aumentaba a 140 las plazas totales, quince más. Todo muy ruidoso para lo precario del servicio.

Desde que comenzó la legislatura e Izquierda Unida entró en el Ayuntamiento con Ramón Trujillo, hemos revisado e intentado impugnar la débil política municipal con las Escuelas infantiles, que está enfocada desde una perspectiva asistencial. CC y PP entienden que los centros municipales públicos son para ‘desfavorecidos’; se cargan de un plumazo la opción de la educación gratuita por sí. Guetifican los centros. Santa Cruz tiene dos escuelas infantiles de gestión municipal con 140 plazas. La Laguna, con menos presupuesto, y gobernada por CC cuatro, y Las Palmas, bajo el gobierno del PP, creó una red de once.  ¿Qué pasa en Santa Cruz? Una ciudad donde viven 8.000 pequeñas y pequeños de estas edades, según recogen los datos del censo de 2014, y que ha sido gravemente afectada por la crisis económica desde 2008.

Ramón Trujillo cree que es llana y pura insensibilidad, un problema de ceguera de quienes nos gobiernan desde el Ayuntamiento. Lo dijo a fines de enero, cuando pidió al Ayuntamiento que ante la pasividad del Gobierno de Canarias reclamara las competencias para crear y gestionar nuevas escuelas infantiles.

La propuesta llegó al Pleno como moción, pero fue rechazada por los dos partidos en el gobierno, aunque contó con el respaldo de toda la oposición: Sí Se Puede, PSC-PSOE y Ciudadanos.

Emplear el IGTE con sentido de comunidad

Tenía un “objetivo concreto y realizable”: pedir al Gobierno de Canarias que cediera al Ayuntamiento las competencias de las escuelas infantiles públicas e invertir en la creación y  creación de nuevos centros la mitad del dinero que la ciudad va a recibir del IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas), unos 2.300.000 euros. Con este programa, Santa Cruz podía haber puesto en marcha un plan que en 2019 habría creado 400 nuevas plazas en estos centros educativos. Pero fue  rechazado.

La insensibilidad con las familias no es patrimonio del ayuntamiento, el ejecutivo canario, como denunció Trujillo, se vio obligado a devolverle al gobierno central más de 7 millones de euros que había recibido para ejecutar nuevas escuelas por no hacerlas en el plazo establecido. En diciembre de 2015, la Consejería de Educación admitió en el Parlamento no estar cofinanciando actualmente ninguna de estas escuelas en Canarias. No pasó nada.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, en menos de seis meses, privatizó la gestión de sus dos escuelas infantiles, anunció a los padres que no se preocuparan porque todo iba a seguir siendo completamente gratis y, en una pirueta extraordinaria, una semana más tarde aprobó en el Pleno (sin anuncio en prensa esta vez) que va instaurar el copago en los dos centros.

La propuesta establece tarifas en base a los ingresos de la familia. Sólo aquellas que ingresen menos de 532 euros al mes tendrán la plaza gratuita. El resto pagará entre 15 y 300 euros. Asún Frías, concejal de Sí Se Puede, le hizo notar al gobierno que 15 euros para una familia que vive con 798 euros al mes es una cantidad importante. El concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, del Partido Popular, contestó que hacer pagar por un servicio es una medida “educativamente positiva”.