Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz lleva al pleno de mañana una vez más la demolición del mamotreto, después de que el 31 de marzo finalizara el plazo para remitir al Juzgado de lo Penal nº5 el proyecto de demolición total, sin que hasta el momento el Ayuntamiento haya dicho si lo ha enviado o no. El concejal de IU, Ramón Trujillo, quiere saber si el proyecto de demolición ya está en manos del Juzgado y si éste ha comunicado ya la fecha de demolición. Hasta el momento, los grupos de la oposición y la ciudadanía sólo conocen lo aparecido en prensa: que el consistorio ha solicitado la personación en la causa en esta fase agónica de la ejecución de la sentencia.

El asunto de la demolición del mamotreto colea desde hace meses. A pesar de que hay sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a derribar sí o sí el mamotreto de Las Teresitas, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha ido posponiendo la decisión y enredando el derribo en una maraña burocrática. El mamotreto, símbolo del pelotazo y la corrupción político-empresarial chicharrera sigue ahí y mucha de la gente que vive en la ciudad se pregunta si Bermúdez no considera una burla a la Justicia y al pueblo de Santa Cruz que más de un año y medio después de declararse firme la sentencia del derribo, el grupo de Gobierno solicite ahora la personación en la causa.

Ya en diciembre del año pasado, Ramón Trujillo decía que “el alcalde se equivoca cuando dice que podría prevaricar si ordenara el derribo del Mamotreto. Es al revés, podría prevaricar si preservara alguna parte de ese edificio”.  Trujillo ya denunció en ese momento que el informe de los servicios jurídicos, firmado por la directora técnico-jurídica, Luisa del Toro, es “claro, contundente y demoledor para las pretensiones del grupo de Gobierno de salvar el mamotreto”. El informe indica que, “utilizar el plan especial” de Las Teresitas para “legalizar las obras sentenciadas como ilegales”, haría que se incurriera en lo que, en términos jurídicos, se denomina “insinceridad de la desobediencia disimulada”. Tal circunstancia provocaría que un acuerdo adoptado en el marco del plan especial fuera, por una parte, “nulo de pleno derecho” y, por otra, “incurriría en desviación de poder”, con “las responsabilidades penales” consiguientes.

Al profundizar en la cuestión de si el Plan Especial de Las Teresitas sería legalmente suficiente para legalizar la parte del mamotreto que se encuentra fuera de la servidumbre marítima, el informe jurídico reitera lo establecido en dos informes previos. En ellos, “se argumentó acerca de la imposibilidad de legalizar obras decretadas, por sentencia firme, judicialmente ilegales a través de los instrumentos de planeamiento”. Es decir, al alcalde se le vuelve a repetir lo que ya se le dijo en dos ocasiones anteriores.

“El alcalde Bermúdez tiene tres informes jurídicos que le dicen los tres que no puede legalizar ninguna parte del Mamotreto a través del planeamiento. Ahora la pregunta es cuántos informes más necesita Bermúdez para ejecutar la sentencia”, dijo Ramón Trujillo.