Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, critica que Coalición Canaria tampoco haya asumido nunca responsabilidades políticas por el caso Siliuto. A raíz de la reciente condena a cuatro años de prisión de un ex concejal de CC, Norberto Plasencia, el portavoz de IUC afirma que “los nacionalistas siempre dicen que no asumen responsabilidades políticas por corrupción hasta que se pronuncie la Justicia y, cuando ésta se pronuncia, dicen que ya es demasiado tarde para asumir responsabilidades políticas”.

Trujillo señala que la sentencia del Caso Siluito, la compraventa de la futura Casa de la Juventud por un precio 84% superior a su valor real, muestra a otro “gestor de lo público” de CC que, según la Sentencia condenatoria, “prevaricó por idear la trama criminal de adquirir con sobreprecio la casa Siliuto” y, además, hizo que, con dinero del Ayuntamiento, se abonara la deuda tributaria de plusvalía correspondiente a los vendedores privados del inmueble.

El edil de IUC, formación que ejerció la acusación popular en el caso Siliuto, considera que la Sentencia destaca la fiabilidad de los técnicos municipales y apunta a lo manipulable que es la externalización de determinados servicios. El Tribunal se refiere a la “tasación lógica” del inmueble, cuando iba a ser adquirido, realizada por los técnicos municipales, “que no costaba nada al erario municipal”, frente a la tasación externa, “que costó dinero público, y de la que se sabía que iba a llegar a un precio altísimo”.

Trujillo advierte que, en las externalizaciones de planes y dictámenes vinculados al urbanismo, hay ocasiones en que se reducen las garantía de que prime el interés público y, asimismo, se limiten las oportunidades de corrupción. Sentencias como las de los casos Siliuto y Las Teresitas debieran haber servido para sacar conclusiones en este sentido.

Por otra parte, Trujillo denuncia que el hecho de que Norberto Plasencia haya sido condenado a cuatro años de cárcel evidencia que los artífices de la privatización de Emmasa despreciaban el interés público y participaban en la corrupción municipal. Por ello, no debe extrañarnos que la privatización de Emmasa haya sido tan desastrosa para los intereses municipales y, por el contrario, sí debe preocuparnos saber que esa decisión se tomó para veinticinco años. Es decir, quienes voten en 2019, ya no podrán decir cómo será la gestión del agua en Santa Cruz de Tenerife porque lo decidió el gobierno más corrupto de la historia municipal.