Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz ha propuesto una prórroga del plazo de entrada en vigor del Protocolo municipal de control de las colonias de gatos callejeros al considerar que tres meses es un período “insuficiente” para que las personas y las asociaciones cuidadoras se den de alta en el censo municipal abierto el 28 de abril, coincidiendo con la publicación en el BOP de la Ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales en Santa Cruz de Tenerife.

IUC cree necesaria la convocatoria de una nueva reunión entre la Concejalía de Medio Ambiente y las asociaciones protectoras y particulares cuidadores para revisar la ordenanza, después de haber recibido varias quejas sobre lo “precipitado” de los plazos.

Diversos colectivos y cuidadores se han dirigido al grupo municipal de  Izquierda Unida para lamentar que a pesar de haber asistido a “diferentes reuniones con el ánimo de aportar nuestro criterio para elaborar la ordenanza más consensuada posible”, el concejal responsable del área, Carlos Correa (del Partido Popular) no ha tenido en cuenta ni sus opiniones ni sus alegaciones al texto.

Las asociaciones critican en un escrito remitido a IUC que la nueva ordenanza “no protege a los gatos de la ciudad” y que la Concejalía mantiene una actitud “cerrada” frente a sus opiniones, como aseguran quedó de manifiesto en una reunión celebrada el pasado 6 de junio, en la que asociaciones y cuidadores pidieron unos plazos más flexibles para darse de alta en el censo como cuidadores de las colonias y chocaron con la negativa del concejal, a pesar de explicarle que en Santa Cruz jamás se ha realizado por parte de las administraciones una gestión ética de colonias felinas por lo que la población de gatos “está totalmente descontrolada”.

Las asociaciones consideran que los plazos “no son sólo imposibles de cumplir” sino que tampoco se dan en otros “protocolos de gestión ética de colonias urbanas/proyectos CES (Capturar, Esterilizar y Soltar) que están funcionando exitosamente en varias ciudades de nuestras islas y cada vez más en nuestro país”.

Para estas asociaciones “un plazo de tres meses para localizar, censar, autorizar y chipear a una colonia de la que no se tiene claro ni el número de ejemplares refleja improvisación”.

Lamentan además los vacíos de la nueva ordenanza, que termina aplicando  medidas arbitrarias, como en el caso de los gatos que han establecido su colonia en espacios comunes de comunidades de vecinos, que quedan fuera del protocolo y “pasan a ser responsabilidad de los vecinos tanto en su esterilización como en la puesta del microchip”.

Izquierda Unida cree necesaria una campaña informativa complementaria para dar a conocer a los vecinos y vecinas de la ciudad la ordenanza, y las complejas medidas que deberán adoptar para el cuidado de los gatos ferales.