Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz denuncia que el alcalde Bermúdez no tenga soluciones para los ocupas de buena parte de las 115 viviendas de La Candelaria, que serán demolidas en breve.

Para IUC es inconcebible que Servicios Sociales no haya previsto una solución habitacional para los ocupas, que actualmente viven en la Barriada de La Candelaria, una vez que se ha hecho público que los tres bloques que componen la edificación serán demolidos para su reposición.

Izquierda Unida llevó a la comisión de control de este mes una pregunta sobre el futuro de las personas que hoy ocupan por falta de vivienda gran parte de los tres bloques de la barriada. Los vecinos afirman que en uno de ellos los ocupas superan a los residentes que ostentan la propiedad de sus respectivos inmuebles. En los otros dos no son mayoría.

En su respuesta a IUC, Servicios Sociales afirma que ya conoce la situación de los ocupas y que como solución “podrán acogerse a los distintos programas y convenios de que dispone el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en función de su composición familiar y circunstancias personales, situación socioeconómica y otras circunstancias (condiciones de salud, violencia de género, menores, dependientes)”.

Para Izquierda Unida, la respuesta es una “no-respuesta” porque Servicios Sociales está saturado y sin capacidad prácticamente de proporcionar inmuebles a quienes se quedan en la calle sin apenas recursos. Es verdad que se proporcionan ciertas ayudas, pero también es cierto que, cuando las personas precarizadas carecen de techo, la capacidad de respuesta del Ayuntamiento se debilita.

En esa misma pregunta a la Comisión de Control, Izquierda Unida también solicitó también información sobre el número total de ocupas que hay en el municipio. La respuesta del grupo de gobierno de CC-PP fue que el Ayuntamiento no dispone de estos datos “fundamentalmente por las propias circunstancias que caracterizan a la ocupación”. Sin embargo, IUC recuerda que Ayuntamientos como el de Madrid ya han elaborado sus propios censos de ocupación ilegal y que con voluntad política puede hacerse.