Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria en Santa Cruz de Tenerife, ha criticado el “carácter reaccionario” del nuevo reglamento de la Policía Local, que ya ha sido denunciado por los sindicatos al imponer normas en la vida privada de los agentes e intentar regular desde el consumo de alcohol fuera de horas de servicio, como el tamaño del bigote o el uso de tatuajes. Los sindicatos ASIPAL, CSI-F, CCOO y UGT han denuncido el documento con el que se pretende «militarizar» el cuerpo.

En una entrevista con el programa El Grillo, de Canal 4 Radio, Ramón Trujillo afirmó que “llama la atención que los socios de Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) sean tan partidarios de desregular la economía y regular el bigote”.

Preguntado por si debe prevalecer antes la libertad del ciudadano que la del policía, afirmó que “es lógico que a cualquier servidor de lo público se le exijan ciertas normas de corrección e higiene. Pero el uso de tatuajes no contradice la higiene, ni daña las funciones o el cometido que tiene cualquier funcionario o funcionaria de policía. Su utilización está cada vez más arraigada en la sociedad, y habría que tolerarla clarísimamente”, dijo.

“No hay ningún problema en que un agente de policía lleve un tatuaje, o en que lleve una barba o un bigote del tamaño que guste. Como tampoco hay problema en respetar que se tatúe una cruz o una media luna”, explicó.

Para Trujillo el problema se produce con la mentalidad de nuestro país al relacionar la autoridad con un nivel de formalismo y de protocolo “absolutamente excesivo” que no se da en otros países. “Hay que ir poniendo en práctica unas formas democráticas más relajadas, menos ceremoniales y  menos protocolarias; que no tienen nada que ver con bajar el nivel del servicio que se presta”.

El concejal de Izquierda Unida Canaria afirmó además que le parece “extremadamente grave” la medida para prohibir a los agentes beber fuera de su horario de trabajo. “Es una intromisión intolerable en la vida privada de los agentes y las agentes de policía”, en una norma que calificó “propia de los talibanes” y poco democrática.