Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria en Santa Cruz, considera “escandaloso” que el Ayuntamiento no detecte irregularidades en los contratos de explotación de los aparcamientos de la ciudad y que considere “normales” los cánones que las empresas pagan a la corporación. Ramón Trujillo pone como ejemplo el aparcamiento de la Avenida de Anaga, que abona a la ciudad en concepto de canon 14 euros por plaza al año, “la misma cantidad que cuesta estacionar nuestro coche 7 horas”. “Si esto no es irregular, es corrupción legalizada”, dijo.

Izquierda Unida Canaria pidió la comparecencia del concejal de Servicios Públicos Dámaso Arteaga en la pasada comisión de control para que explicara por qué los párquines municipales explotados por empresas privadas revierten tan pocos ingresos a las arcas municipales.

En concreto, Ramón Trujillo pidió información por las cuentas del parquin de la Avenida de Anaga-Plaza de España, que abonó tan sólo 7.841,93 euros en concepto de canon por los ejercicios de 2013, 2014 y 2015. Esto supone que se abona 14,05 euros al año por cada una de las 558 plazas de estacionamiento con que el parquin, una situación que el concejal progresista considera “una tomadura de pelo” a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz.

Los beneficios obtenidos por los parquines de la ciudad “todos rentables y con una altísima demanda” se van a las manos de “los de siempre”, la “minoría adinerada de la ciudad”, dijo el concejal, para quien un canon razonable rozaría los 300 euros por plaza y año, no los 14 euros actuales. Con esas cifras, el Ayuntamiento obtendría unos 167.000 euros al año, frente a los 7.800 euros que obtiene ahora, “una auténtica tomadura de pelo”.

Calificó de “gravísimo” que no se pueda revertir esta situación porque las concesiones estén sujetas a contratos de 32 años. “Tomando esas cifras, la empresa que explota este parquin generará 64 millones de euros durante el periodo de concesión, de los que la ciudad sólo verá 250.000. Unas cifras “inadmisibles”, que muestran un sistema de “corrupción legalizada” bien establecida.

Para el concejal de Izquierda Unida es “intolerable” que el equipo de gobierno (CC y PP) de carta de normalidad a esta situación, que se repite en muchos de los once párquines con que cuenta Santa Cruz. “Al final se trata únicamente de donaciones a una serie de empresarios. Trujillo insistió en que estas cifras revelan “un escándalo”, que estamos “normalizando y aceptando”. “Estas cosas hay que empezar a considerarlas como anormales, como corrupción legalizada”, afirmó.

Trujillo planteó que si no es posible recuperar para la ciudad el dinero perdido en estos acuerdos, sí deberá plantearse en 2025, cuando expire el contrato de concesión, una “explotación directa” que revierta los recursos en la ciudadanía “y acabe con las donaciones al sector adinerado de Santa Cruz”.