Ramón Trujillo entró hace un año como el primer concejal de Izquierda Unida que pisaba el Ayuntamiento de Santa Cruz en mucho tiempo. Durante estos doce meses ha trabajado para conocer las entretelas de la institución, “una máquina de trasegar el dinero público a manos privadas” y la realidad de la población de la ciudad, acuciada por una crisis que no cesa y gobernada por dos partidos (Coalición Canaria y el Partido Popular) que no responden a su durísima situación.  Ramón Trujillo es también coordinador de Izquierda Unida en Canarias.

¿Cómo es el balance de este primer año?

Hay dos balances; uno, el de analizar la institución desde dentro y otro el de nuestro propio trabajo, que ha estado bastante centrado en propuestas en positivo y no se ha limitado a fiscalizar al equipo de Gobierno. Es satisfactorio porque hemos propuesto medidas que se han transformado en política municipal; logramos mejoras en el servicio de guaguas urbano con una propuesta elaborada con los trabajadores de Titsa, establecimos medidas para prevenir y combatir la violencia de género y recientemente planteamos una serie de acuerdos para mejorar la calidad del empleo en las subcontratas del Ayuntamiento, que esperamos se asuman. El trabajo de nuestra gente en los distritos está funcionando muy bien y hemos traído propuestas de vecinos y vecinas del Suroeste, de Anaga, del centro, de los barrios de Somosierra o Azorín y mediado para solucionar problemas concretos de gente que acude a nuestro grupo municipal. Ha sido un año intenso y de aprendizaje.

Izquierda Unida se organiza en asambleas locales y la de Santa Cruz ha estado muy activa en los dos procesos electorales estatales. ¿Por qué?

Porque a nivel estatal se resuelven cosas muy importantes para la ciudad. Queremos derogar la Ley de estabilidad presupuestaria, que impide a los ayuntamientos gastar más allá del crecimiento que permiten los presupuestos del Estado aunque tengan dinero. Ahora mismo en Santa Cruz tenemos un excedente de dinero que sólo se puede gastar en amortizar deuda, a pesar de las necesidades sociales tan tremendas que hay en la ciudad. Esta ley sólo busca acabar con el estado de bienestar limitando la institución más cercana a la ciudadanía: los ayuntamientos.

¿Y qué han descubierto de la institución desde dentro?

Que es una máquina de privatizar, una gestora de subcontratas. Los responsables o irresponsables políticos que nos han gobernado estos años, han transformado el Ayuntamiento de Santa Cruz en una entidad encargada de asignar recursos públicos a empresas privadas. Hoy, pagamos más por unos servicios públicos peores y al mismo tiempo incentivamos la corrupción. La impresión que tenemos después de un año dentro es que se han normalizado muchos abusos. Uno descarado es la privatización de Emmasa y sus nefastos resultados o la privatización del servicio de limpieza; otro los cánones ridículos que pagan las empresas que explotan los parkings de la ciudad. Ese dinero, en lugar de transferirse a las arcas municipales para mejorar la vida de la gente que vive en Santa Cruz ha ido directo a los bolsillos de los adinerados beneficiarios de esas subcontratas, que en algunos casos pagan 3.000 ridículos euros al año. Aquí se privatiza todo lo que se puede privatizar. Hasta los planes especiales de la ciudad se han privatizado con lo cual el control de la ciudadanía se debilita, evitan la fiscalización y el control público. En esta ciudad el empresariado ha capturado al regulador, al que toma las decisiones. Quienes nos gobiernan son medianeros de los empresarios más influyentes de Santa Cruz.

Con esta situación, ¿es fácil hacer oposición?

No, evidentemente, no es fácil. Primero porque hemos llegado sin experiencia previa de estar en la institución y jugamos con una gran desventaja. Segundo porque sólo tenemos un concejal y aunque haya un equipo al lado, de momento estamos desbordados con el trabajo que hay, y eso hay que transmitirlo honestamente; y humildemente, también estamos en una etapa de aprendizaje para hacerlo cada vez mejor, que es nuestro objetivo.

Has calificado de “antidemocrático” el funcionamiento del Ayuntamiento. ¿Por qué?

Dentro de los déficits de democracia de nuestra comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Santa Cruz ocupa un lugar de liderazgo. El límite de una moción por pleno y concejal no existe, sin ir más lejos, en La Laguna o el Puerto de la Cruz. Eso evidentemente es una limitación a la función representativa que tiene cualquier concejal, obviamente. Yo diría que el Ayuntamiento tiene hasta barreras arquitectónicas frente al pluralismo. Cuando entramos hace un año ni siquiera nos pudieron ubicar en el mismo sitio que los demás y en igualdad de condiciones. Nos metieron en un sitio que llaman el palomar, en la azotea.

Recientemente, Izquierda Unida y Sí se puede presentaron una moción conjunta en Santa Cruz para establecer una “tarifa solidaria” para la tarifa del agua. CC y PP votaron que no.

Sí, la principal deficiencia en este municipio y en este grupo de gobierno es no atender suficientemente la dura situación que está pasando una gran parte de la ciudadanía. Hay graves casos de exclusión social, de falta de vivienda, de comida, de ropa, de recursos muy básicos. Aquí hay un déficit enorme. El Ayuntamiento de Santa Cruz presume mucho de que ha aumentado el gasto social y la verdad es que si tuviéramos el mismo gasto social por habitante que La Laguna, tendríamos que gastar al año 2 millones de euros más y esta cifra se dispara si nos comparamos con Las Palmas, donde deberíamos gastar 6.700.000 euros más al año. Es decir, que el Ayuntamiento de Santa Cruz no está liderando nada, de nada en sensibilidad social en el Archipiélago ni en la isla, todo lo contrario.

Se percibe muy poca sensibilidad. Dámaso Arteaga se cansa de repetir que en esta ciudad no se le corta el agua a nadie y sí se le corta el agua a la gente.

Se le corta el agua; de hecho, incluso, hay barrios de la ciudad, como es el caso del Cercado en San Andrés, donde todavía no llega el agua corriente ni la luz. Hay necesidades muy, muy acuciantes en la ciudad que descubres nada más hablar con la gente. Hay gente que no puede llenar la nevera, con problemas para pagar la luz, para pagar el agua que le cortan a veces; hay gente que no puede pagar un alquiler y ocupa casas para cubrir los gastos de sus crías y críos. Esa es la situación de esta ciudad. Decir que no se hace nada sería mentir, pero decir que nos se hace lo que debiera hacerse, también es ser coherente con la realidad, con lo que hay. Y la insensibilidad claro que está ahí. Cuando se planteó el recurso de acogida de las personas sin hogar en la Avenida de Venezuela, aquello no cumplía las más mínimas exigencias legales. Que personas que están en una situación tan compleja, terrible y tensa tengan que dormir compartiendo espacio con una separación de 50 centímetros entre camas, es una muestra de una insensibilidad brutal. Y me da igual que digan que cabe en la ley, no debe caber y punto.

La crisis parece haber abierto una brecha enorme en la ciudad: entre una mayoría empobrecida y una minoría con mucho dinero y que vive muy bien.

Santa Cruz es una ciudad muy clasista y eso se evidencia en datos curiosos. Por ejemplo, el absentismo escolar: la diferencia entre el barrio de Santa Cruz con más absentismo escolar y el que menos tiene es de 1 a 9, son cifras que nos demuestran que la igualdad de condiciones frente a la educación y la vida no se está cumpliendo en absoluto en nuestra ciudad. En Santa Cruz además nos encontramos con una acumulación de insensibilidades importantes. Cuando miras el Auditorio y repasas el coste brutal que tuvo y miras los barrios de la ciudad, muchos de ellos con edificios con graves problemas de mantenimiento, con habitantes que no pueden asumir ni el diez por ciento de la rehabilitación y cuando vemos esa ristra de deficiencias muy básicas en nuestra ciudadanía, la pregunta es ¿cómos se pudieron gastar durante tantos años tantísimo dinero en cosas que no eran prioritarias? Pues obviamente porque en la gestión del gobierno había un sesgo clasista, un sesgo clasista de la parte satisfecha de la población, que hacía políticas que no beneficiaban a quienes más lo necesitaban sino a sí misma.

¿Hay corrupción en el Ayuntamiento?

Sí, claro. Hay dos tipos de corrupción: la legalizada, que se produce cuando el Ayuntamiento se transforma en un gestor de asignación de servicios públicos a empresas privadas; porque corrupción significa poner los recursos públicos al servicio de intereses privados y en detrimento de los intereses públicos. Y la corrupción ilegal, en la que este ayuntamiento tiene una larga y espantosa trayectoria. Nuestra preocupación es que el grupo de gobierno actual no ha sido capaz de marcar una línea de ruptura clara con la corrupción del pasado. Por ejemplo, ejecutando la sentencia de derribo del mamotreto.

¿Cómo interpretas la pérdida de votos de Coalición Canaria? Las encuestas dicen que no van a sacar ni a Ana Oramas como diputada.

Creo que inicialmente la gente culpó al bipartidismo de la crisis, porque lógicamente PP y PSOE eran los mayores responsables de las políticas estatales y europeas que han causado el destrozo del estado de bienestar en nuestro país. Pero a medida que ha pasado el tiempo, el papel que ha jugado Coalición Canaria ya no se puede ocultar. Coalición Canaria es la responsable directa de las desigualdades sociales de este Archipiélago, del entramado corrupto (39 por ciento de Ayuntamientos con corrupción urbanística frente al 8 por ciento nacional). Han sido parte responsable del atraso de Canarias, nos han hecho líderes en todos los indicadores sociales negativos, Pobreza, paro y desigualdad. Estará muy bien que desaparezca del Parlamento de los diputados porque Coalición Canaria no representa a la mayoría social canaria en Madrid sino la voz de cuatro empresarios adinerados en Madrid. Ahora habrá otras voces en Madrid que sí representan a la mayoría social canaria.