Un dato: Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público a la sanidad privada. Una situación que afecta de manera directa al Servicio Canario de Salud y que está produciendo el desmantelamiento de la sanidad pública en las islas. Izquierda Unida Canaria y Sí se puede presentarán este viernes una moción al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz para denunciar esta situación y exigir a la Consejería de Sanidad la revisión y reducción de los conciertos con la sanidad privada.

El portavoz de la Marea Blanca Canaria, Guillermo de la Barreda López intervendrá en el turno de participación ciudadana para explicar las consecuencias que ha tenido sobre la población la reforma del sistema sanitario español de 2012: exclusión de grupos de población, copagos y fragmentación de los servicios. Unos efectos que en Canarias se multiplican porque estos recortes presupuestarios se hacen sobre una base precaria, con graves deficiencias históricas en infraestructuras y personal, una penosa gestión y la politización clientelar del sistema sanitario.

En la moción, Izquierda Unida y Sí se puede recuerdan que Canarias bate récord en política privatizadora: el 58 por ciento de los hospitales canarios son privados, frente a un 37 por ciento que siguen estando en manos públicas. Este trasvase de inversiones se traduce en una “política de desmantelamiento de los servicios públicos” a favor de “aseguradoras, entidades privadas e industria farmacéutica” que está afectando de manera directa a la ciudadanía canaria “con niveles de paro y pobreza escandalosos” y con unos salarios y pensiones muy por debajo de la media nacional.

La moción plantea como principal acuerdo la adhesión al Manifiesto por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias y exigir a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la revisión y reducción de los conciertos con la sanidad privada.

Asimismo pide “la puesta en marcha de las camas cerradas, así como de las no abiertas en el Norte y en el Sur, de los hospitales que configuran la red de asistencia hospitalaria de titularidad pública del Servicio Canario de Salud junto con la contratación del personal correspondiente para atender a las necesidades que conllevaría su puesta en funcionamiento”.

El texto pide además instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias “a inspeccionar los conciertos para la realización de actividades sanitarias existentes con el fin de asegurar que estos se cumplen y detectar sobrecostes” y condenar el reparto del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) que privó a la sanidad canaria de una mejora de la financiación autonómica en materia de sanidad