El grupo municipal de Izquierda Unida Canaria en Santa Cruz defenderá una moción en el pleno de este viernes con una batería de medidas para luchar contra la pobreza energética. El texto elaborado en colaboración con PODEMOS recuerda que este problema afecta a 7 millones de personas en España con serias dificultades para abordar el pago de sus facturas energéticas.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado el sistema de financiación del bono social eléctrico, con la obligación del ejecutivo estatal de indemnizar a las eléctricas, que hasta ahora asumían el coste de dicho bono, con unos 500 millones de euros.

Igualmente, desde Bruselas se hacen recomendaciones en el sentido de no hacer política social con la tarifa de la luz, ya que supone, “modificar las condiciones del mercado”.

Estos hechos levantan las alarmas sobre la continuidad del bono social, el cual debe ser modificado para avanzar hacia una auténtica tarifa social, especialmente en el desarrollo reglamentario de la definición del consumidor vulnerable, pero en ningún caso debe ser eliminado en sentido regresivo, ni en la aportación que deben realizar las compañías eléctricas, las cuales se han beneficiado por la subida de la tarifa eléctrica durante los últimos años, así como por las ayudas públicas derivadas de los costes de transición a la competencia por valor de 3.500 millones de euros.

La moción pide al Ayuntamiento que inste al Gobierno del Estado a  defender en las instancias europeas la aplicación del bono social eléctrico.

Podemos Santa Cruz considera que esta es una medida importante, pero que sólo supone un pequeño paso en la consecución del fin de la pobreza energética. Según Yaiza Gorrín, portavoz de la formación morada en Santa Cruz, “hasta el momento el bono social no está beneficiando a todas las familias que lo necesitan, pero es que además con esta medida no se evitan los cortes de luz en hogares vulnerables”.

La moción será defendida por el concejal de IUC en Santa Cruz, Ramón Trujillo que entiende que es necesario establecer una prohibición legal a los cortes de luz de las familias con problemas económicos; el fin de los abusos tarifarios con la aprobación de una tarifa asequible regulada por el Gobierno y la creación de una auténtica tarifa social.