Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz anunció hoy que su partido se ha personado como acusación particular en el proceso judicial de la compra de la Casa Siliuto porque desconfía que la corporación local recupere los 290.000 euros que pagó de más por el inmueble. La Fiscalía acusa al exconcejal Norberto Plasencia y al exsecretario de Urbanismo, Víctor Reyes, de haber tomado una “decisión ilícita” al adquirir la casa Siliuto por más de 600.000 euros, a pesar de que la valoración de los técnicos municipales la cifraba en algo más de la mitad, 332.469,69 euros.
El concejal de Izquierda Unida explicó que su partido da este paso para “recuperar el dinero público” dilapidado en la compra del edificio y ante la pasividad del grupo de Gobierno, que no ha “movido ni un solo dedo para recupera el sobrecoste de la compra”. Trujillo instó al Ayuntamiento a personarse en esta causa, “para demostrar con rotundidad su compromiso con la corrupción” que “maltrató durante años las arcas municipales”.
Ramón Trujillo explicó cómo la compra de este edificio, situado en el barrio del Toscal, es un caso claro de corrupción “de libro”. La adquisición se hizo por un precio que duplicaba el estimado por los técnicos municipales. No sólo se dio este primer paso “ignorando la tasación de los técnicos” sino que además se violó el acuerdo para que los propietarios asumieran los impuestos y tasas que les correspondían, tal y como había quedado fijado en el Consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo.
En una decisión “ilegal más”, el director de la Gerencia de Urbanismo, Manuel Parejo, resolvió en 2005 que el Ayuntamiento también pagaría esos impuestos, con lo que salieron de las arcas públicas otros 10.900 euros para la Casa Siliuto de manera fraudulenta. Iuc hace extensible su denuncia a Manuel Parejo, al que considera penalmente responsable de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación del caudales descritos en concepto de autor.
Ramón Trujillo explicó que la compra de la casa Siliuto es “un caso de corrupción manifiesto” y que IUc da el paso de asumir la acusación particular porque “parece que es la única manera de que se aplique la ley”. No obstante, instó a Coalición Canaria y el Partidio Popular, socios de Gobierno en la corporación local a que se “personen como acusación particular en nombre del Ayuntamiento”.