¿Asistimos al desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales canario?
A nosotras siempre nos gusta empezar con una foto de la realidad, en la que se percibe que hay un retroceso de 40 años en índices de desigualdad; de 2007 a 2012, la brecha entre ricos y personas empobrecidas aumentó un 25 por ciento. Los cinco hombres más ricos de Canarias podrían gastarse al día 1 millón de euros; la otra cara de la moneda es que 142.590 personas viven sin ingresos, casi 58.000 unidades de convivencia. Y esto se tiene que dar así. Hay un desahucio frente a catorce casas vacías de Canarias, donde se desahucia a catorce familias al día. Las personas más ricas en Canarias según Forbes son Demetrio Carceller, propietario de DISA; Eustasio López (Lopesan); Pedro Agustín del Castillo, dueño de Binter; Ram Bhavnani (Casa Kishoo) y Delfín Suárez Almeida (Grupo Kalise). Entre los cinco manejan entre mil millones y ciento noventa millones de euros al año y junto a ellos, tenemos a otras 89 personas en Canarias con ingresos superiores a los 600 mil euros al año. Ahí está la riqueza. Quiero decir, hay dinero, pero hay un reparto muy desigual. En Canarias hablamos de una tasa de riesgo y exclusión en la que en 2015 se situaba al 38 por ciento de nuestra población. Una de cada tres personas en Canarias está en una situación de exclusión, pobreza o precariedad. El número de niños y niñas canarios en esta situación es superior a 160.000”.

¿Cómo llegamos hasta aquí?
Esta situación de empobrecimiento, expolio, de “acumulación de las minorías por desposesión de las condiciones de vida de las mayorías” no es producto de la crisis económica. El 65 por ciento de las personas en situación de empobrecimiento ya estaban en esa situación antes de la crisis financiera. Esto quiere decir que lo que estamos viviendo es producto de algo más, de un sistema capitalista, heteropatriarcal y militarizado que excluye todo lo que no entra en sus estándares. La economista feminista Amaya Orozco lo define como el estándar BBVAH (Blanco, Burgués, Varón, Adulto y Heterosexual); yo añadiría una U, de Urbano, para formar el ‘modelo dominante’. Si analizamos en concreto la situación de Canarias, encontramos que existe una serie de mecanismos financieros como la RIC, algunos elementos del REF y la SICAV que permiten que unos pocos acumulen mucha riqueza, mientras la gran mayoría acumula explotación. Y por supuesto nuestros índices de fraude fiscal, que duplican el presupuesto del Gobierno autónomo.

Es un panorama brutal
Ya hay quien afirma que estamos viviendo en un estado de excepción de los derechos humanos. Asistimos a un desmonte del Estado Social y de Derecho frente a una construcción y fortalecimiento de un Estado Penal y Criminalizador, tanto de la pobreza como de la protesta, recortando derechos y libertades a través de la normativa y de la financiación. La desigualdad es estructural y es una violación de los derechos humanos. No es natural y por lo tanto es cambiable. Es inmoral y nos lleva a este modelo depredador del ser humano, y a una situación brutal en la que este desmantelamiento toca directamente a lo público. El neoliberalismo se asienta en tres patas: desregular, privatizar y remilitarizar para aumentar el control social; y lo público, como “lo común, lo de todas las personas” es lo primero que toca. Es en este contexto donde se produce un desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales.

Los profesionales de los servicios sociales aportan datos: 778.000 personas viven en Canarias una situación preocupante de pobreza y desigualdad. El Ejecutivo sostiene que el 79 por ciento del presupuesto se destina a Servicios Sociales. ¿Por qué no parecen cuadrar las cifras?
Las cifras no cuadran porque no son ciertas. La demanda de Servicios Sociales ha aumentado en Canarias un 40 por ciento, mientras que los recortes en servicios, personal y financiación rozan el 20 por ciento. Este sistema público sólo llega al 17 por ciento de la población, cuando el mínimo debería ser el 38 por ciento. Un ejemplo que muestra nuestra situación: en toda Canarias tenemos a una trabajadora social por cada 16.000. Cinco veces menos de lo que se plantea como adecuado. Tenemos contratados más soldados que trabajadoras sociales. Desde luego, el presupuesto de 2016 no cumple ni con la responsabilidad pública ni con la obligación que tiene el Estado de responder a la garantía de derechos y a la satisfacción de las necesidades básicas a través del sistema público. Cuando dicen que el 79 por ciento se destina a Servicios Sociales, no dicen que eso engloba Sanidad, Educación, Corporaciones locales, Seguridad, Justicia, Servicios Públicos Básicos y Acción Social.

Entonces, ¿cuáles son las cantidades reales dedicadas a Servicios Sociales?
Cuatro de cada cien euros. Por habitante, en 2015 hubo un gasto anual de 194 euros en Servicios Sociales y si repartimos esas cifras entre las personas con riesgo de exclusión, el gasto fue de 57 euros anuales o los 6 euros por habitante y año destinados a prestaciones básicas. Ha habido un descenso de la financiación de diez años para acá que hace completamente insuficiente las cantidades que se destinan, pero también en los Cabildos y los Ayuntamientos.

¿Cómo afecta esto a la población?
No se le está garantizando sus derechos, ni tampoco puede satisfacer sus necesidades básicas. Se está desprotegiendo a la población porque se le está secuestrando su posibilidad de tener derechos sociales y esta política mantiene y profundiza a la gente en una situación de empobrecimiento. Nosotras decimos por tanto que las respuestas hoy no responden. El capitalismo gestiona estas situaciones de conflicto por tres vías. Primero, con la criminalización y estigmatización, donde se responsabiliza de los problemas estructurales a las personas de manera individual, utilizando la represión administrativa y judicial o la culpabilización. También hay un condicionamiento de acceso a las ayudas sociales mediante la sumisión al trabajo precario, y eso es una terrible perversión del Sistema público y, por último, se delega el problema en la filantropía privada y la caridad. A golpe de privatización, se destruyen derechos sociales y las personas empobrecidas pasan de estar en peligro a ser peligrosas.

¿Quién se beneficia?
El negocio de la gestión de la pobreza es enorme. Hablamos de comedores, bancos de alimentos, cárceles, cámaras, policías, seguridad privada, gasto farmacéutico para poder contener a la población…

¿No hay un alarmante desafecto de quienes nos gobiernan hacia la población? ¿No empieza a detectarse un cinismo bastante preocupante?
Hay una completa alienación de la mayoría de la población, que está rota por sus condiciones de vida y por todos los elementos que pone el sistema para generar los dos modelos de personas que estamos viendo, como ya apuntan algunas antropólogas. Por un lado, una persona rígida, fundamentalista y rota por dentro; y por otro, una persona zombi, es decir nos llenan los ojos y nos vacían la cabeza. Ese modelo en el que se sabe más de lo que le pasa a Belén Esteban que lo que pasa a la gente que tienes al lado. Esa distracción continua en la que nos tiene la sociedad del espectáculo hace que no vayamos organizando una sociedad política emancipada que ponga en el centro la redistribución de la riqueza, de la propiedad, del poder y del cuidado; donde se trabaje por la equidad y la solidaridad comunitaria y donde se gire alrededor del bien común.

¿Podemos revertir la situación?
Por supuesto. Esto es cambiable porque es humano y es producto de mecanismos que se están produciendo en nuestra economía y en nuestra sociedad, y siempre es tiempo de revertir. Ahora, además, con urgencia y prioridad en nuestro Archipiélago por las condiciones de expolio y desigualdad que estamos viviendo.

¿Cómo debe combatirse la desigualdad?
Frente a la desigualdad: reparto de la riqueza. Frente a la beneficencia y la caridad: derechos. Frente al desmantelamiento de lo público: inversión social, pero también afrontar el recorte y eliminación del gasto militar y de control social, que en España alcanzó los 64 millones de euros al día en 2015. Frente a la Prestación Canaria de Inserción; Renta Básica de las Iguales, es decir una renta universal, individual, incondicional y suficiente y, lo más importante, frente a la indiferencia: redes, apoyo mutuo y vida comunitaria. Frente a la culpabilización, organización social y movilización.

Entrevista a cargo de Inés Delgado.