Una red de servicios públicos es clave para poder responder a las demandas y por supuesto, para hacer cumplir los derechos de la ciudadanía. Unos derechos universales que no pueden ser arbitrarios.

Los Estados del Bienestar surgieron en la segunda mitad del siglo XX, producto de las conquistas sociales de las clases trabajadoras, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, facilitando una vida plena. Actualmente, dichos sistemas de bienestar están en cuestión por la hegemonía de las políticas neoliberales que implican recortes sociales.

Cuatro fueron los pilares básicos que se desarrollaron con este modelo; las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales, y dentro de éste último, el sistema de atención a la dependencia.

En nuestro país, a pesar de las deficiencias y carencias que se presentan los 4 pilares, los tres primeros están respaldados por una legislación, que aunque cojea, se garantiza unos mínimos servicios, mejorables pero mínimos. En cambio, la dependencia, tras nueve años de la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia sigue estando muy lejos de ser un derecho subjetivo garantizado, tal y como enuncia dicha ley.

Según el XVI dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “En España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad, pero un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio”, esta realidad cuestiona que la ley se cumpla afectando gravemente la vida de muchas familias, personas dependientes y cuidadoras. Una de cada tres no recibe ayuda del sistema.

Si en España, la situación es grave, en Canarias es dramática. Las listas de espera en nuestras islas superan el 50%, ostentando nuestra comunidad el dudoso record de tener más personas con derecho reconocido pendiente de atención. El mismo informe estima que el período que tardaría Canarias en incluir a todas las personas que están en lista de espera en el sistema, supera los 25 años en comparación al resto de España que tardaría 4 años. En el año 2015, fallecieron 1492 personas a la espera de un derecho que nunca recibieron. Detrás de esa cifra había personas que no recibieron la atención que necesitaban para vivir dignamente.

La situación es mucho más preocupante, cuando hablamos de los cuidados y de quienes los llevan a cabo. Más de un 90% de las personas que ejercen esos cuidados son mujeres, personas que dedican su tiempo y su trabajo para proteger a las personas que requieren de unos apoyos que no llegan. Si no fuera por la solidaridad y apoyo de familiares muchas personas quedarían desprotegidas. Incluso en los casos donde hay una respuesta de la administración, ésta es insuficiente.

También son preocupantes las condiciones de las cuidadoras, ya que muchas de las atenciones que dan, requieren casi la totalidad del día y no pueden buscar un empleo o realizar otras actividades. Quedan desprotegidas social y laboralmente.

Somos conscientes del abandono presupuestario que ha tenido la dependencia, quedando patente la necesidad de hacer una inversión en política social para el desarrollo de esta ley. Una inversión que tendrá como consecuencia no sólo la mejora de vida de las personas dependientes y sus familias, sino un aumento considerable de puestos de trabajo. Se estipula que la atención de las personas en lista de espera generarían unos 90.000 empleos más, lo cual también implicaría un aumento para las arcas públicas.